El despliegue de las energías renovables

La imperiosa necesidad de reducir, y hacerlo drástica y rápidamente, las emisiones de CO₂ del sector eléctrico ha puesto en marcha un proceso de despliegue de las energías renovables en España para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y los que nos corresponden como estado miembro de la Unión Europea. Y, por consiguiente, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, elaborado por el gobierno español para planificar el proceso de cumplimiento de esos objetivos de descarbonización en el plazo 2021-2030. Es la hora de las renovables y lleva en paralelo un debate sobre el efecto global y específico que tiene su desarrollo.

Objetivos marcados por UE y PNIEC

Muy resumido, el plan prevé que la potencia de energías renovables, específicamente las tecnologías eólica y fotovoltaica, instalada hasta ese año ha de alcanzar los 50 gigavatios (GW) de la primera y 37 de la segunda. Actualmente hay 23 y 6 respectivamente. El cumplimiento de estos propósitos se entiende que permitirá alcanzar el objetivo final: llegar a un 74 por ciento de generación renovable en 2030, entre todas las tecnologías, y que en 2050 el sistema eléctrico español esté descarbonizado al cien por cien.

Así pues, tras unos años de parón, la puerta se ha abierto y los proyectos para la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas proliferan por todo el país. Hay que correr mucho para alcanzar esos objetivos, porque el cambio climático y sus desastrosos efectos ni se detienen ni esperan. El reto es, pues, enorme.

Problemas en el modelo de transición

Pero… siempre hay un pero. El cambio climático no es el único problema ambiental al que se tiene que enfrentar el mundo y, dentro de él, España. El imparable, e imparado, aumento de los residuos y la pérdida de biodiversidad son otros dos. Y no menores precisamente. Es más, la pérdida de biodiversidad tiene uno de sus orígenes precisamente en el cambio climático.

Y ahora que, por fin, las energías renovables se abren paso en España, -algo largamente reclamado por las organizaciones ambientales, pero también por entidades de otros sectores sociales y económicos-, ocurre que el proceso de este despliegue está creando serias preocupaciones entre esas mismas organizaciones y las de otros ámbitos de la sociedad civil. Unas locales y cercanos a las instalaciones, y otras lejanas en el espacio pero igualmente concernidos por diversas circunstancias.

Las reservas nacen por el modelo bajo el que se está llevando a cabo este comienzo de transición energética, en el que una parte notable de los nuevos proyectos que se están promoviendo son grandes plantas fotovoltaicas y grandes parques eólicos a situar en espacios naturales donde, sí, hay viento y muchas horas de sol; pero también son áreas de alto valor ambiental o paisajístico y zonas agrarias fértiles o con otros valores ambientales aunque puedan ser de baja productividad, y todos ellos con un común denominador: el suelo sobre el que se asientan es barato. Lo que aporta una mayor rentabilidad.

Energías renovables: proliferación de grandes infraestructuras

Así los criterios económicos parecen prevalecer sobre los ambientales y sociales a la hora de decidir la ubicación de los proyectos. De tal manera que el temor es que proliferen aun más grandes infraestructuras que ocupen miles que hectáreas de suelo. Para situarnos: hablamos de plantas fotovoltaicas de 150 hectáreas de media (dato para comparar: 1 hectárea=1 campo de fútbol). Pero también de 300 hectáreas, de 600, de 800 y hasta de 1000 hectáreas. De hecho, en España está situada la mayor planta fotovoltaica de Europa, 500 MW y 1000 has., y está en construcción otra aun mayor

Instalaciones que usan casi tanto espacio como la capital de la provincia en la que se han construido o mucho más extensas que los propios pueblos en cuyos términos municipales están.

En cuanto a los parques eólicos, la preocupación no es menor. Las zonas de vientos favorables para esta tecnología están bastante concentradas en unas cuantas zonas, como el norte de la península, Castilla y León y Aragón, por citar las más relevantes. En ellas se aglomeran una gran número de proyectos, con docenas de aerogeneradores, que en algunos casos alcanzan 150 o más metros de altura.

Vale que estos tamaños no son los dominantes, pero entre unos y otros, ganan de calle a los proyectos pequeños. Y expertos científicos y ambientales advierten de que se está condicionando por muchos años –los parques solares tienen una vida útil estimada en 30 a 40 años- territorios de alto valor natural y creando un importante impacto social y económico en las comunidades locales. Con un balance no siempre equilibrado ni positivo para estas.

En peligro la biodiversidad

Así pues la postura de científicos y ambientalistas es que la urgente actuación contra el cambio climático no puede hacerse poniendo en peligro la biodiversidad ni el patrimonio cultural. A cambio proponen un sistema más distribuido, mejor dimensionado en cuanto a las necesidades energéticas reales, basado en instalaciones de tamaños menores, con las fuentes de producción cercanas a los puntos de consumo, que utilice todos los espacios posibles en los núcleos urbanos y sus alrededores, más cuidadoso con el territorio de manera que priorice el uso de lugares ya degradados o ambientalmente poco valiosos.

Precisamente existe una guía en la que se identifican los territorios que presentan mayores condicionantes ambientales. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITECO, ha elaborado dos mapas de zonificación ambiental para energías renovables, uno para eólica y otro para fotovoltaica, en los que se ven claramente las diferentes zonas y su nivel de vulnerabilidad ambiental, incluida la máxima donde no sería recomendado la instalación de proyectos.

Para las organizaciones científicas y ambientales, el problema es que esta zonificación no es vinculante, sino tan solo una recomendación. Pero, a cambio en ambos mapas se ve claramente que hay una cantidad enorme de territorio que podría recibir esas instalaciones sin generar grandes impactos ambientales.

Impacto medioambiental de las energías renovables

Quizá no esté de más recordar que toda actividad industrial tiene un impacto ambiental, como mínimo, en el entorno en el que físicamente se realiza. Y, adicionalmente, ese entorno puede formar parte de un ecosistema conectado con otros, con los que los impactos pueden extenderse de diversas maneras. Pueden ser más altos o más bajos, mitigables o no, pero existen.

Obviamente, la generación de energía eléctrica aunque sea a partir del sol o del viento, no se libra de generar impactos ambientales sobre el territorio en el que se asienten. Algo que no hay que perder de vista, ni mucho menos negar.

Las energías renovables requieren grandes extensiones de suelo y su desarrollo conlleva una presión sobre el territorio y los espacios naturales, que frecuentemente tienen extraordinarios valores naturales, con la consiguiente pérdida o fragmentación de los hábitats de las especies de flora y fauna, algunas de ellas amenazadas y especialmente sensibles a la presencia humana. Favorecida esta por la apertura de caminos de acceso donde antes no los había.

Se produce también degradación de los espacios naturales y cambios en el uso del suelo, y se ponen en riesgo territorios de especial y obligatoria protección como la Red Natura 2000, reservas de la biosfera y otras figuras de conservación. En un país que, dicho sea de paso, goza de la biodiversidad más rica y singular de Europa. Y para cuya protección, tanto de hábitats como especies, se han invertido grandes sumas de dinero procedentes de fondos europeos a través de los proyectos LIFE.

Afecta al turismo rural y la agricultura

Y, no hace falta ser experto para apreciarlo, hay un indudable impacto en el paisaje que se modifica y transforma por completo. Más aun por la necesaria instalación de las infraestructuras de evacuación de la energía generada: estaciones, tendidos eléctricos, etc.

El paisaje es un patrimonio de toda la sociedad, pero quienes primero sufren su pérdida son los habitantes locales. Que ven también amenazados su modo de vida, su cultura y las actividades en las que basan su economía.

De hecho, el paisaje y la naturaleza son materias primas básicas para algunas de las actividades, ya consolidadas, de estos entornos. El turismo rural, que abarca bastantes más diversidad y número de empresas que los alojamientos y restaurantes, ve peligrar su continuidad si se pierde o se deteriora ese activo.

Se podría singularizar en un solo ejemplo: el Camino de Santiago, o, quizá habría que decir los Caminos de Santiago, al menos los cinco principales, y al que algunos consideran la tercera multinacional de Galicia. Pues bien, Tui, en el Camino Portugués, recibe 70.000 peregrinos al año que hacen un gasto medio de 48 euros al día. Las cuentas dicen por sí solas lo que puede suponer para estos lugares la pérdida o el deterioro de su activo principal.

A cambio, en los pueblos donde se planean proyectos de una de estas dos tecnologías, las empresas promotoras o propietarias hablan de beneficios que en muchos casos no son percibidos como tales, por relativos e irreales.

Porque, efectivamente, estas instalaciones pagan impuestos locales y alquileres a los propietarios de los terrenos. Pero, al mismo tiempo, dificultan la continuidad de actividades como la agricultura, al encarecer el precio de los arrendamientos con los que no pueden competir los agricultores que desean arrendar tierras, especialmente los jóvenes.

Escasa generación de empleo

Por otra parte, un argumento recurrente como el empleo que crearían estos proyectos, tampoco se ve como real en los territorios. Ciertamente, el de las energías renovables es un sector que, a lo largo de toda su cadena de valor y en el conjunto de la economía del país, tiene un gran potencial de creación de empleo y además de calidad.

Sin embargo, sobre el terreno la demanda más alta de empleo se ciñe a la fase de construcción de los proyectos, en los que durante los periodos pico pueden trabajar cientos de personas. Pero, la mayoría de esos trabajadores son cualificados, no son locales y se van al terminar su trabajo. Eso sin contar, con que muchos de estos proyectos se sitúan en áreas de la España vaciada. Después, durante en el periodo de explotación, las tareas de mantenimiento las lleva a cabo personal especializado que también suele reside fuera.

En palabras del diputado por Teruel, Tomás Guitarte, en declaraciones al diario infoLibre, «las políticas energéticas obvian que los hechos que regulan suceden en territorios concretos, donde se producen y tienen efectos en las parcelas y montes de agricultores y ayuntamientos. Se diría que los grandes núcleos de población toman de la España vaciada lo que necesita, la electricidad en este caso, a cambio de nada. Estamos cansados de ser el patio trasero de las grandes urbes. ¿Por qué no se instala esto cerca de donde se consume?, ¿por qué no se instalan cerca de Madrid? Porque el suelo es mas caro».

Crece el activismo local

Esa es la cuestión: en el futuro la energía se va a generar aquí y son los diferentes territorios del suelo español los que van a soportar esos impactos. Unos de tipo ambiental y otros de tipo social, económico e, incluso, cultural.

Las organizaciones locales recelosas o directamente contrarias a estos proyectos, han alcanzado un grado de organización y movilización importante, constituyéndose en plataformas nutridas por colectivos de todo tipo: ayuntamientos, organizaciones ecologistas, agricultores, sindicatos, ganaderos, empresas de turismo rural y de otros sectores, asociaciones científicas, agrupaciones de montañeros, guías de birding, y un etcétera tan largo como diverso.

Se coordinan y apoyan en el nivel local pero también nacional. Son muy activos en redes sociales. Presentan alegaciones a los proyectos e identifican los casos de fraccionamientos de estos para que las declaraciones de impacto ambiental no puedan considerar los efectos acumulativos y sinérgicos entre distintas instalaciones, entre otras muchas actividades. Y, de hecho, más de uno y más de dos proyectos no han salido adelante por la perseverancia opositora de estos grupos. Procesos que a menudo se demoran durante años. La pregunta es: ¿nos podemos permitir esos retrasos en comenzar a producir energía libre de emisiones?

Energías renovables: un entorno lleno de retos y riesgos

En este entorno es en el que las empresas energéticas se han de mover en la medida en que participen en el proceso de transición energética. Y la mayoría quiere hacerlo, entre otras cosas porque es el ámbito de su negocio.

Un entorno en el que la conducta y las acciones de las compañías son miradas con lupa y fiscalizadas al detalle. Y en el que se pone a prueba si su producto es verde. Pero no solo por cómo lo produce, sino también cómo lo hace y cómo se relaciona con sus partes interesadas. En definitiva, tendrán que demostrar su compromiso con hechos y que no hay colisión entre uno y otros. Tienen el foco situado frente ellas y, sin duda, el riesgo reputacional es alto.

Por ello, han de hacer análisis de sus riesgos específicos ante el cambio de modelo que se plantea, en el que su relación con la ciudadanía va a ser muy directa. Porque no solo van a llegar allí un buen día y hacer una obra y una instalación, sino que van a permanecer en esa comunidad a través de los proyectos que desarrollen.